Corte bonaerense ordenó medidas para garantizar funcionamiento de Tribunales

El máximo Tribunal de la Provincia de Buenos Aires dictó una resolución para que se garantice el servicio de Justicia, en medio de una nueva... Por Cuarto Intermedio

El máximo Tribunal de la Provincia de Buenos Aires dictó una resolución para que se garantice el servicio de Justicia, en medio de una nueva medida de fuerza del gremio.

En una nueva y contundente intervención en medio del conflicto gremial que viene paralizando la actividad en los tribunales de la Provincia, la Suprema Corte bonaerense dictó una resolución en la que ordena a los titulares de los juzgados disponer medidas para garantizar el servicio de justicia. En ese marco, instruye a los jueces a asegurar el normal funcionamiento de las mesas de entrada, que deberán atender ellos mismos en los casos en que los empleados estén ausentes por haberse adherido a medidas de fuerza.

La resolución fue firmada por el titular de la Suprema Corte, Eduardo De Lázzari, a pocas horas del inicio de una nueva jornada de medidas de fuerza convocada por la Asociación Judicial Bonaerense en el marco del conflicto salarial que viene manteniendo con el gobierno provincial. La AJB realizará hoy asambleas en las 18 Departamentales que volverán a afectar el funcionamiento de los Tribunales. Según trascendió, el gremio convocaría un nuevo paro para mañana.

En la medida dispuesta, el máximo tribunal provincial ordena “asegurar la atención en mesas de entradas, que deberán permanecer abiertas durante toda la jornada judicial. En el caso de que los empleados no presten funciones, los funcionarios y el propio titular deberán estar a disposición de los abogados para su atención”.

Además, la Corte ordenó adoptar medidas para que se reciban todos los escritos, cédulas, mandamientos y oficios, e instó a los magistrados a que “extremen los recaudos” para que se celebren todas las audiencias fijadas. En ese marco, encomendó a las Cámaras de Apelación Departamentales “el control efectivo” de esas medidas.

La resolución firmada por De Lázzari, en los hechos, recoge las disposiciones contempladas en el fallo dictado por la Jueza Correccional Nº1 de La Plata, Miriam Ermilli, quien el viernes pasado hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el Colegio de Abogados bonaerense y ordenó “garantizar la prestación del servicio de Justicia”, afectado por las medidas de fuerza gremiales.

Las disposiciones ordenadas por la Corte van en línea con la postura que marcó días atrás De Lázzari, quien en un fuerte pronunciamiento reclamó a los jueces que garanticen el funcionamiento de los tribunales frente a la extendida medida de fuerza que vienen desarrollando los empleados judiciales y ratificó que se descontarán los días de paro.

“Si la prestación del servicio de justicia es indispensable; indispensable es que los Juzgados tengan sus mesas de entrada abiertas, que los justiciables y los profesionales reciban debida atención, que las audiencias se tomen, que los escritos se despachen y que las resoluciones se notifiquen”, dijo De Lázzari.

El pronunciamiento llegó luego de que los empleados judiciales anunciaran nuevas jornadas de paro, que continuarán hoy con asambleas en los lugares de trabajo, y que podrían extenderse a mañana.

El conflicto salarial que mantiene la AJB y el gobierno provincial viene afectando el funcionamiento de los tribunales desde hace más de un mes e incluye dos o tres jornadas de huelga por semana.

La extensión del conflicto se produce en momentos en que está cortado el diálogo entre el gremio y el Ejecutivo, luego de que el gobierno dictara un decreto para pagar un incremento salarial rechazado por el sindicato.

Esa mejora es escalonada y contempla un incremento del 21% para los jueces y va del 24 al 26% para el resto de las categorías. Los judiciales rechazaron la mejora por considerar que no se enmarca en la recuperación de la porcentualidad salarial, que engancha los sueldos de los empleados con los ingresos de los ministros de la Suprema Corte.

La Provincia de Buenos Aires rechazó la firma de un acuerdo para ir restituyendo en forma paulatina la porcentual, por considerar que no está en condiciones de erogar cerca de 2.500 millones de pesos para atender esa demanda.