El Procurador General adjunto, Eduardo Casal, recomendó a la Corte Suprema de Justicia mantener abierta una causa en la que ex funcionarios durante la gestión de Carlos Menem están imputados por haber defraudado al Estado.

La maniobra se habría producido mediante un aval supuestamente irregular a la curtiembre Inducuer, del ex titular de la SIDE durante el gobierno de la Alianza, Fernando de Santibáñez.

El Procurador se pronunció por rechazar un planteo de la defensa del ex funcionario del Banco Nación, Mario Jorge Dadone, y continuar con la causa, que había sido elevada a juicio oral en 2007 con la acusación de “defraudación en perjuicio de la administración pública” por unos 77 millones de dólares.

La operación supuestamente irregular comenzó en enero de 1991, cuando el directorio del Banco Nación otorgó un aval a Inducuer por más de 76 millones de marcos alemanes, la moneda local que antecedió al euro. Pero Inducuer “carecía de antecedentes, infraestructura y solvencia económica para afrontar un emprendimiento de la naturaleza del proyectado”, es decir, para la construcción de una planta de producción de cueros en Argentina.

El Banco Nación, como querellante, y la fiscalía, pidieron la elevación de la causa a juicio oral en noviembre de 2007, pero la Cámara Federal consideró que la acción estaba prescripta por el paso del tiempo.

Sin embargo, un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso en mayo de 2010 que la causa debía seguir adelante, y la defensa de Dadone presentó recurso extraordinario para que fuera la Corte Suprema la que tomara la última decisión.

El Procurador adjunto Casal, coincidió con Casación y recomendó al máximo tribunal rechazar el planteo, de modo tal que casi 22 años después de los hechos podría llegar el momento del juicio oral.