El procurador penitenciario, Francisco Mugnolo, denunció ante la Corte Suprema de Justicia “la permanencia de los detenidos por períodos mayores a 24 horas en condiciones inapropiadas y en infracción a la legislación vigente” en la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal. Esto es, la cárcel situada en el subsuelo del Palacio de Tribunales.

Mugnolo advirtió sobre “falta de mantenimiento de las instalaciones y preocupantes condiciones de higiene y seguridad, enfatizando que no posee la infraestructura acorde para el alojamiento de personas por tiempo prolongado”.

Y la Corte Suprema reaccionó rápidamente: Sus miembros firmaron una acordada que ordenó restringir al mínimo el paso de detenidos por esa unidad. Y además, ordenó recabar información sobre otra ex cárcel situada a metros de Tribunales, la ex Unidad 22, hoy utilizada como depósito y archivo de la Cámara del Crimen.

La Corte determinó que “el traslado de detenidos al Centro de Detención Judicial (U. 28) deberá limitarse al máximo, sólo a aquellos casos en los cuales la presencia de los internos resulte estrictamente indispensable para la realización de las diligencias ordenadas por los tribunales a cuya disposición se encuentran”.

La orden ya fue impartida a todos los fueros nacionales y federales.