La disputa entre el gobierno nacional y los provinciales que no le son afines escribió un nuevo capítulo en San Luis.

El intendente de la capital puntana, Enrique Ponce, pidió a la Corte Suprema de Justicia que garantice la seguridad y transitabilidad de las personas afectadas por un megaproyecto del gobierno satélite de los Rodríguez Saá, que incluye la expropiación de un predio que perteneció a Ferrocarriles Argentinos.

El intendente kirchnerista consiguió una medida cautelar de “no innovar”, pese a lo cual la obra siguió adelante. Ahora, con el patrocinio del abogado Eduardo Barcesat -el mismo que colabora para las Madres de Plaza de Mayo-, denunció ante la Corte Suprema de Justicia que el Estado provincial no respeta esa medida cautelar y sigue adelante con su proyecto de construir una avenida de circunvalación en predios federales.

El eje de la disputa es que la provincia de San Luis expropió sin pagar.

La ley de expropiación “autoriza al Poder Ejecutivo de la Provincia de San Luis a compensar, en la oportunidad correspondiente, el crédito que pudiera resultar a favor de la provincia con las deudas que mantiene o mantenga el Estado Nacional con la provincia”.

San Luis tiene como ventaja respecto de otras provincias que no necesita de forma urgente dinero líquido y, por eso, se cobra sus deudas quedándose con terrenos fiscales.

Un antecedente que para cualquier gobierno central resulta extremadamente peligroso.