El proyecto no encuentra suficientes apoyos en la Cámara de Diputados provincial y es resistido desde el Poder Judicial y los colegios profesionales.

La dura controversia que se instaló en el Poder Judicial, los colegios profesionales, la Legislatura y el Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires en torno a la reforma del Consejo de la Magistratura que aprobó la semana pasada el Senado, obligó al bloque oficialista de la Cámara de Diputados a postergar el tratamiento del proyecto, impulsado por el kirchnerismo, al menos hasta que se reinicie el período de sesiones ordinarias en marzo del próximo año.

La iniciativa, modifica aspectos clave de la integración y las funciones del organismo encargado de la selección de los candidatos a jueces y fiscales en la Provincia. Y la decisión de “congelarla”, es consecuencia del complejo escenario de negociaciones que se abrió en la Legislatura, en medio del malestar que generó en las bancadas opositoras la jugada del Frente para la Victoria (FpV) durante el tratamiento del proyecto en el Senado, donde aplicó reformas de último momento al texto de la norma sin consultar con el resto de los bloques, que la votaron unánimemente en contra.

Es que, a diferencia de lo que ocurre en el Senado, donde cuenta con mayoría propia, en la Cámara de Diputados el oficialismo debe obligatoriamente conseguir respaldo de bloques aliados, que ya adelantaron su postura negativa.

Fuera de micrófono, diputados del oficialismo confirmaron la decisión de no avanzar con negociaciones para conseguir la sanción del proyecto en las tres sesiones que se realizarán en la Cámara baja antes de fin de año.

De esa forma, dicen, podrán concentrarse en la sanción de otros dos proyectos del paquete de reformas judiciales que ya fueron aprobados en el Senado: los cambios en la ley de jury y en la estructura de la Procuración General de la Suprema Corte.

Además, en el bloque del Frente para la Victoria aspiran aprobar en las próximas sesiones el proyecto para establecer el mecanismo de juicios por jurados para enviarlo al Senado.

Los encargados del trabajo legislativo en torno a estos proyectos dentro del bloque oficialista de Diputados explican que la decisión de postergar el proyecto de reforma en la Magistratura es una suerte de “maniobra preventiva”, con la que buscan poner paños tibios en la polémica que se abrió con la oposición para concentrarse en el resto de las iniciativas.

Pero en ese escenario hubo otro factor clave, ajeno al juego de negociaciones parlamentario: la fuerte reacción de parte de los Colegios de Abogados y del Colegio de Magistrados contra esa norma, a la que consideran un “avance de la política sobre la Justicia y contra la independencia de los jueces” y una “interferencia de Poderes”.

El proyecto bajo el fuego de las críticas de esos sectores profesionales y de la oposición, dispone cambios en la composición del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de la selección de candidatos a jueces en la Provincia.

Según la iniciativa, el Colegio de Abogados perdería dos de los cuatro representantes que ostenta, mientras que el Ministerio Público Fiscal sumaría una silla. De esa forma, el “sector político” conseguiría tener 9 de los 17 integrantes -4 legisladores, 4 representantes del Ejecutivo y uno del Ministerio Público si se confirman trascendidos que indican que en ese organismo se designaría una funcionaria cercana al vicegobernador que luego tendría una silla en el Consejo- y dominar las votaciones.

Ese cambio proyectado generó un fuerte rechazo de los colegios de abogados y magistrados de la Provincia de Buenos Aires, que consideran “inconstitucional” la eventual norma y adelantaron su judicialización si se concreta.