La Cámara del Crimen rechazó declarar prescripta la causa en la que se investiga la quiebra de la sociedad que administraba al Hospital Francés.

La Sala Séptima del tribunal consideró que la quiebra de la “Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia”, que tenía a su cargo el hospital, pudo haber sido “fraudulenta”, y en consecuencia resolvió mantener activa la investigación.

Lo hizo en una causa en la que Alejandro Mayoral, un ex directivo de Provincia Salud -prepaga del Grupo Bapro que había celebrado un convenio con el Francés cuyos resultados están bajo la lupa- había pedido la extinción de la acción por el paso del tiempo.

El artículo 176 del Código Penal establece penas de entre dos y seis años para el “quebrado fraudulento”, figura en la que encuadra a quien “en fraude de sus acreedores” hubiere incurrido en “simular o suponer deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas; no justificar la salida o existencia de bienes que debiera tener; substraer u ocultar alguna cosa que correspondiere a la masa; conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor”.

Los jueces Mauro Divito y Juan Cicciaro aludieron a la “descripción del hecho formulada por la Unidad Fiscal de Investigaciones de delitos cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y su Programa de Asistencia Médica Integral (UFI-PAMI)” que intervino, pues el Francés fue finalmente absorbido por el PAMI.

La UFI-PAMI consignó “la estrecha relación que media entre ellos los hechos denunciados y la crítica situación patrimonial a la que fue conducida la actual fallida” y, al mismo tiempo, la Justicia dispuso en septiembre del año pasado la ampliación de una pericia contable para determinar cómo se produjo la quiebra.