Dos décadas después de la privatización, la causa “Tandanor” va a llegar a juicio oral por decisión de la Corte Suprema de Justicia.

El máximo tribunal ratificó el juicio oral para media docena de imputados por un presunto perjuicio de más de 45 millones de dólares contra el Estado Nacional a través de la privatización de la empresa Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor) durante el gobierno de Carlos Menem.

Se trata de la causa en la que estuvo imputado hasta su muerte el ex ministro de Defensa, Antonio Erman González, quien llevó adelante el proceso privatizador durante la década del gobierno de Carlos Menem. En su caso, la acción penal se extinguió por su fallecimiento (los delitos no son hereditarios).

El máximo tribunal desestimó un planteo de dos de los imputados, los empresarios Alejandro Bofill y Nachat Samman, defendidos ambos por el abogado Jorge Anzorreguy. La Corte ya había rechazado recursos de apelación de todos los imputados contra un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que había dejado sin efecto la prescripción de la causa. Pero ahora volvió a intervenir para confirmarse a sí misma.

Hace más de dos años -el 23 de febrero de 2011- el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número cinco declaró prescripta la causa por el paso del tiempo y sobreseyó, además de Bofill y Samman, al ex representante del Estado en el directorio de Tandanor, Eduardo Tesoriere; a los empresarios Gerardo Donato, Delia Lanfranco, Juan Ives Illán Alvarez de Toledo (responsable de Indarsa, la adjudicataria de la privatización), Miguel María de Larminat y Juan Andrés Vlastó. El fallo fue apelado por el fiscal federal Marcelo Colombo; por el representante legal de Tandanor, José Luis Fabris, y por los abogados de la Oficina Anticorrupción Claudia Sosa y Patricio O’Reilly.

Por el Estado, Erman González fue imputado junto con Tesoriere, quien “como Asesor de la Intervención, Delegado y representante del Estado Nacional en el 10% de las acciones de la empresa… incumpliendo los deberes que se hallaban a su cargo, produjeron un perjuicio patrimonial perjudicial a las arcas públicas que alcanzó la suma de 45.260.094,65 de dólares -con más los intereses correspondientes a los tres primeros años de gracia del contrato que sin descuentos por compensaciones ascendió a la suma de 7.982.550 de dólares-, derivado de la irregular disposición efectuada por los mencionados en la venta de las acciones que componían la aludida empresa y el fraudulento desapoderamiento de los bienes que la componían”, actuó “ en beneficio patrimonial de empresas integradas por sus consortes de causa, quiénes además colaboraron con aquellos en la maniobra desplegada”.

El delito imputado es “administración fraudulenta en perjuicio del erario público”, que contempla una pena máxima de seis años de cárcel.

El 4 de junio pasado, la Corte, con las firmas de los jueces Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, rechazó un recurso de “queja” de los imputados. Bofill y Samman insistieron, pero tampoco tuvieron éxito.

El abogado Anzorreguy había formulado una suerte de pedido de revisión del fallo, pero en su penúltimo acuerdo el máximo tribunal le respondió que “las decisiones de esta Corte no son, en principio, susceptibles de recurso alguno, sin que en el caso se configure algún supuesto estrictamente excepcional que justifique apartarse de tal doctrina. Por ello, se desestima la presentación”.

Ahora sí, ya no quedan obstáculos para que la privatización de Tandanor se debata en juicio oral.