El gobernador José Manuel De la Sota instruyó a sus legisladores para que presenten en la Cámara un proyecto de ley que busca limitar las huelgas en los servicios públicos esenciales como salud, educación, justicia y seguridad.

El proyecto garantiza la prestación de guardias y propone que el transporte público tenga frecuencias mínimas y que no se interrumpa la recolección de residuos.

La norma propuesta se denomina ‘Garantías para el acceso a los servicios esenciales’, y fue presentada por el presidente provisorio de la Legislatura, Oscar González, el jefe del bloque de legisladores delasotistas, Sergio Busso, y el vicepresidente del cuerpo, Carlos Gutiérrez.

De inmediato surgió la oposición de las dos CGT cordobesa: la CGT Regional Córdoba, conducida por dos hombres cercanos al gobierno de José Manuel De la Sota; el ex ministro de Trabajo, Omar Dragún, y José Pihen, legislador provincial y titular del Sindicato de Empleados Públicos (SEP); y la CGT Nacional y Popular Rodríguez Peña, encabezada por Mauricio Saillén (recolectores de basura), e integrada por otros dirigentes como Gabriel Suárez (Luz y Fuerza) y Rubén Daniele (Suoem).

Pihen anticipo que «el plenario decidirá las medidas que tomaremos, pero sin dudas que habrá un fuerte rechazo a este proyecto». «Esto ya se lo comunicamos en su momento al gobernador De la Sota, cuando en enero pasado había versiones de una iniciativa de este tipo», recordó.