La Cámara Federal concedió la prisión domiciliaria a una detenida para “proteger el irremplazable vínculo familiar madre-hijo” ya que la imputada es madre de un pequeño de siete años, pese a que la criatura “se encontraba bajo el cuidado de su abuela”.
La Sala Primera del tribunal revocó la decisión del juez federal Claudio Bonadío, quien “resolvió no hacer lugar al pedido de arresto domiciliario solicitado” a favor de Margaret Maira Colque Delgado al sostener que “no podía acreditarse que su encarcelamiento realmente afectara su relación intrafamiliar” que se encontraba “en un ámbito de contención adecuado”.
Sin embargo los camaristas Eduardo Farah y Jorge Luis Ballestero recordaron fallos de la Corte Suprema de Justicia que aluden al “interés superior de las criaturas que establece la Convención sobre los Derechos del Niño que deben orientar todas las instancias llamados a juzgamientos de los casos”, según se desprende de la resolución.
En ese sentido apuntaron que “el niño residía junto a su madre, y que actualmente se encuentran al cuidado de su abuela” pero “no cuenta con la presencia de la figura paterna que pueda hacerse cargo de él, motivo por el cual cobra relevancia la presencia de la madre para el normal desarrollo del crecimiento de los menores, preservando así el superior interés de los niños”.
Los magistrados también evaluaron “la opinión que expresó en su informe la Licenciada en Trabajo Social, Gabriela Lucía Macauda, en donde indicó que la imputada representaba un rol fundamental respecto del estado físico, emocional y económico de su hijo” y puntualizaron que “tampoco se puede soslayar que, en este supuesto, el encierro en una unidad penitenciaria de la madre del menor, a pesar de aquel contexto positivo, podría resentir el normal desenvolvimiento de la relación familiar”.
“Así las cosas, atento a las particularidades del presente caso, y teniendo en cuenta los derechos del niño vinculado a este expediente, entendemos que el resolutorio impugnado debe ser revocado”, concluyeron y le ordenaron al juez que “corrobore que estén presentes todas aquellas pautas adecuadas para su implementación conforme lo establece la ley”.
