Rechazan denuncia contra juez y fiscal por presunto “abuso de autoridad”

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el rechazo de una denuncia contra el juez federal Luis Rodríguez y del fiscal Ramiro González, acusados por... Por Cuarto Intermedio

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el rechazo de una denuncia contra el juez federal Luis Rodríguez y del fiscal Ramiro González, acusados por no haber investigado un supuesto complot para asesinar a una persona con la ingesta de un huevo duro.

La denuncia contra el juez y el fiscal había sido formulada por el abogado Oscar Viera a raíz de la muerte de Oscar Scalise, presuntamente víctima de su pareja, María Graciela Montero, detenida en un establecimiento penitenciario de la provincia de Buenos Aires.

Viera denunció que Montero no había asesinado a su pareja sino que el deceso se produjo por “atragantamiento con un huevo duro”, y como prueba de ello explicó que los restos de comida habían aparecido en la autopsia.

Más aún, atribuyó a familiares cercanos a Montero el delito de “asociación ilícita” que tenía por objetivo quedarse con una suma de dinero.

El fiscal González recomendó la desestimación de la denuncia y el juez Rodríguez avaló ese criterio, pero Viera reaccionó denunciando a ambos por los presuntos delitos de “abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”.

Según el denunciante, “existían sobradas razones para que el juez y fiscal denunciados cumplan con sus obligaciones legales y profesionales, impulsando la acción penal contra los inicialmente denunciados”.

Pero la denuncia contra el juez y el fiscal fue desestimada por el juez federal Sebastián Casanello, pero Viera insistió hasta llegar hasta la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país.

En esa instancia, los jueces Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani sostuvieron que “el recurso no puede prosperar”.

Viera -añadieron- “omitió efectuar una relación prolija y circunstanciada de los hechos de la causa, además de no haber cumplido con la carga de citar las disposiciones legales que considera violadas o erróneamente aplicadas, y cuál sería la aplicación que se pretende”.