La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el reclamo de indemnización de un español que fue secuestrado durante la dictadura y alojado en el centro clandestino “Automotores Orletti”, enviado a Uruguay en el marco del “Plan Cóndor” y finalmente expulsado a su país.

El Ministerio de Justicia le reconoció a Francisco Javier Peralta Leonor la indemnización prevista por ley por el período entre el 30 de septiembre de 1976 y el 30 de septiembre de 1980, tiempo en el que estuvo privado de la libertad y fue expulsado de Uruguay.

Pero Peralta Leonor reclamaba, además, por el período entre el 1º de octubre de 1980 y el 10 de diciembre de 1983, porque en ese lapso se había vulnerado “su derecho a residir libremente en Argentina o en la República Oriental del Uruguay junto con su familia”.

Más aún, indicó que “estos hechos ilegales se habían sucedido sin solución de continuidad y estaban íntimamente relacionados entre sí y habían finalizado en 1986 con el retorno de la democracia a Uruguay, momento en el cual se revocó su expulsión y se le permitió su regreso”.

La Sala Cuarta de la Cámara, con las firmas de los jueces Daniel Duffy, Jorge Morán y Rogelio Wester Vincenti, ratificó la denegatoria del Ministerio de Justicia.

“La expulsión del peticionario de Uruguay por las autoridades de ese país y sus consecuencias, no constituye una hipótesis que deba ser indemnizada en el marco de las leyes reparatorias argentinas, pues lo contrario significaría forzar no sólo su letra, sino también su espíritu”, subrayó el tribunal.