Caso Bercún-La Nación: la mentira tiene patas largas

Hace más de diez años, un sector del periodismo local instalaba un tema de alto impacto escribiendo líneas y líneas sobre un caso que denominaron... Por Cuarto Intermedio

Hace más de diez años, un sector del periodismo local instalaba un tema de alto impacto escribiendo líneas y líneas sobre un caso que denominaron “Coimas II”. Tras la vorágine desinformativa y con el correr del tiempo todo quedó en la nada, sin que al menos repararan sobre el daño hecho. Hoy, la Justicia se eximió. La prensa, sin embargo, no.

La confidencialidad de la fuente es una herramienta valiosísima con la que cuenta el periodismo. Algo así como un derecho adquirido para los cronistas. Sin embargo, hacer mal uso de este privilegio, representa un acto sumamente anti-ético, puesto que se estaría rompiendo por completo con el espíritu de esta norma.

Lamentablemente en nuestro país hay medios de comunicación que instruyen a sus periodistas para que hagan las veces de mercenarios y operen en contra de quienes, según lo entienden, atentan o no forman parte de sus intereses.

Hecha entonces esta necesaria aclaración de rigor, recapitulemos: a mediados del año 2002, un desconocido periodista inglés llamado Thomas Catán, que se desenvolvía como corresponsal del Financial Times necesitaba, tal vez, justificar su estadía en el país, dado que el efecto De la Rúa y el grueso de la crisis económica y social del 2001 había quedado un poco más lejos de los 365 días que en realidad marcaba el calendario.

Catán, haciendo caso de un comentario o rumor que a leguas de distancia carecía de entidad, lo tomó como una “primicia”; se juntó con uno de los testigos de haberlo escuchado (Mike Smith, ex presidente de la filial local del banco HSBC), y elaboró una “bomba” (periodísticamente hablando) de un tema que la sociedad argentina recibiría con los brazos abiertos por la sensibilidad lógica y reinante que existía para con la clase dirigente y, especialmente, con todo lo que ocurriera dentro de la Casa de Gobierno y el Congreso nacional.

Fue entonces, que en una nota publicada el 29 de agosto de 2002, Catán titulaba (y por la forma en como lo hizo, lo aseguraba) que “Legisladores argentinos piden coimas a los bancos argentinos”. En ella, no nombró o arremetió contra algún apellido en particular, aunque sí terminó involucrando a varias personas por su temática o “por defecto”. Es decir, parlamentarios y banqueros. “Legisladores argentinos solicitaron coimas a bancos que operan en ese país a cambio de obstaculizar leyes que podrían costarles cientos de millones de dólares de acuerdo con diplomáticos y banqueros entrevistados por el Financial Times”, empezaba el escrito del periodista inglés haciendo referencia a la ley conocida como la del “2%” (luego aprobada, vale destacar), redactada por el ex senador Luis Barrionuevo, que proponía un impuesto a los bancos del 2 por ciento sobre las comisiones e intereses que esas entidades les cobraban a sus clientes para, de esa manera, poder financiar un fondo de desempleo y a la vez mejorar la obra social de los trabajadores bancarios.

En otro de sus párrafos, repletos de supuestos pero vacíos en información, decía: “De acuerdo con los banqueros y diplomáticos, la Asociación de Bancos Argentinos (ABA) fue contactada por un individuo conocido por este organismo con una oferta de detener legislación a cambio de un pago de efectivo no especificado”. En definitiva y pasando en limpio: “banqueros”, “legisladores”, “individuo” y “pago de efectivo no especificado”, entre muchas otras suposiciones, sirvieron de comidilla para que medios como La Nación y Página 12, entre otros, tracen un nuevo tema para la sección “Política” de sus matutinos (insistimos, partiendo de la base de una acusación muy grave por sus características, pero sin que los supuestos involucrados estén identificados).

Fue a partir de allí, cuando la hasta ese momento desconocida senadora nacional Malvina Seguí, desconcertada quizás porque uno de sus colaboradores (Luis Bolomo) había sido señalado como el “individuo” que ofreció ese dinero, salió al cruce rápidamente y retrucó esa versión apuntando todos sus cañones contra mi persona, que tras pasar por el ministerio de Economía como subsecretario de Relaciones Institucionales de esa cartera, me dediqué a la actividad privada a través de mi consultora.

De allí en adelante, fui sometido a una serie de acusaciones relacionadas a ese suceso descripto por Catán, donde periodistas como Eduardo Tagliaferro, Adriana Meyer, Jorge Urien Berri, Carlos Pagni, Nelson Castro, Joaquín Morales Solá y María Fernanda Villosio, entre los más “viscerales”, se metieron alevosamente en contra mío para ponerle nombre y apellido a ese “individuo” que el periodista inglés inventó, o bien nunca tuvo la valentía de revelar. “Claro, la ecuación es perfecta”, habrán pensado en las redacciones a sabiendas de que no traería ninguna consecuencia involucrar a una persona que ya no pertenecía a la órbita de la función pública. Y así fue.

La causa transitó un largo e innecesario camino, donde se buscaba ungir a un chivo expiatorio que libere de culpas a los verdaderos responsables de instalar y difundir un trascendido del que la Justicia entendió que nunca existió. Eso sí, tuvieron que transcurrir diez años para que así fuera: En ese lapso de tiempo, fui citado como testigo en el expediente a cargo del juez federal Claudio Bonadío, pese a la presión que tanto la senadora Seguí como este grupo de “personajes” del periodismo ejercían para que quedara como único imputado. Para colmo, banqueros como Cárdenas, Smith y Giovanelli, quienes formaron parte de la causa, desconocieron absolutamente todo lo que se les preguntó, sin siquiera recalar en que sus dichos podían perjudicarme, aun sabiendo que nada tenía que ver con toda esa fábula. Lo importante, para ellos, era permanecer lo más distantes posible para no pasar a ser parte de esa “volteada”.

“El embajador expresó que si hubiese tenido conocimiento de un pedido de soborno que afectase a un banco o a una empresa americana, hubiese presentado la queja formal ante el gobierno argentino”, se desprende de uno de los párrafos de la causa archivada por Bonadío, al tiempo que echa por tierra la posibilidad de que Catán haya inventado la noticia, o bien que pudo ser “instrumento inconsciente o deliberado” para difundir información “tramada” o “inventada” por algunos de los que participaron en la reunión, con el verdadero objetivo de disimular lo que verdaderamente se había hablado en ese encuentro (se decía que estaban sumamente preocupados por las leyes económicas que iban a tratarse en el Congreso y que afectaban directamente los intereses de sus casas matrices).

¿Diez años no es nada?

Por la causa que tramitó el juez Claudio Bonadío durante los últimos diez años prestaron declaración, ya sea personalmente o a través de escritos, la ex senadora Malvina Seguí, el periodista Thomas Catán, y los banqueros Mario Vicens, Manuel Sacerdote, Emilio Cárdenas, Carlos Giovanelli, Michael Smith y Guillermo Stanley, entre los más representativos. Sin embargo, nada se ha dicho acerca de Roberto Lavagna, quien aparece mencionado en algunos de los testimonios. Es que el ex ministro de Economía (que no formó parte de la causa) desconoció la actividad de mi consultora en una reunión de comisión presidida por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, siendo que cuando estalló el tema por las supuestas coimas, el ex funcionario de Duhalde rescindió automáticamente el contrato por los servicios que recibía su cartera por parte de la consultora. ¿Cobardía? ¿Rebeldía? Vaya a saber realmente por qué actuó de esa forma…

Lo cierto es que la investigación judicial determinó que debía ser sobreseído porque no existieron indicios de un delito o de irregularidades. Es más: las pesquisas arrojaron la posibilidad de que todo pudo tratarse de una mentira engendrada por el periodista inglés (mártir en aquel entonces para algunos columnistas) y de un grupo de representantes de la banca extranjera en el país.

Ahora bien, ¿quién responderá por los perjuicios que recibió mi imagen en los últimos diez años?, ¿quién se hará cargo económicamente por los daños ocasionados a mi actividad laboral y profesional?, ¿quién se hará responsable de haber tramado este monumental engaño y quiénes de haberlo propalado indiscriminadamente por los medios de comunicación sin siquiera reparar en chequear la información, algo “de manual” para cualquiera que se dedique al oficio de las letras? La respuesta es nadie. Los supuestos banqueros que formaron parte de ese rumor están escondidos detrás de un escritorio ocupando alguna gerencia; el periodista inglés Thomas Catán autoexiliado y aun ignoto como profesional; la principal denunciante y ex senadora Malvina Seguí “fuera del área de cobertura” (como para graficar en cierta forma el desconocimiento de su paradero) y los periodistas… los periodistas que decidieron formar parte de esa operación no deben ni acordarse de todo el “veneno” vertido a través de sus artículos. La búsqueda de la verdad, lo ético y lo políticamente correcto, seguramente quedaron en el olvido para todos ellos (en especial, los nombrados anteriormente).

Transcurridos más de diez años, la Justicia reconoció el error y archivó una causa que sentará jurisprudencia en contraposición a un famoso dicho: la mentira, muy al contrario de lo que todos suponíamos, tiene patas largas. Muy largas.

Continuará…