Dos abogados presentaron ante el Congreso nacional un proyecto de ley para declarar “imprescriptibles” los delitos de corrupción cometidos en el ámbito de la función pública.

Los abogados Manuel García Mansilla y Alejandro Sánchez Kalbermatten presentaron la iniciativa que apunta a mantener abiertas sin límite de tiempo las causas por “cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y blanqueo de dinero producto del delito”.

La imprescriptibilidad está prevista, según el proyecto, en la incorporación del artículo 62 bis al Código Penal, que establecerá que “la acción penal no prescribirá respecto de los actos de corrupción reprimidos con pena de prisión, cuando resultare grave daño económico al patrimonio público y hayan sido cometidos en ejercicio de la función pública”.

La iniciativa contempla un aspecto retroactivo: “En el caso de los delitos del artículo anterior, cuando éstos fueran graves delitos dolosos contra el Estado que conlleven enriquecimiento por parte del funcionario, entiéndase declarada la imprescriptibilidad desde la entrada en vigencia del artículo 36 de la Constitución Nacional reformada en el año 1994.”

El proyecto entiende como “delito grave” a aquel que “genere un grave perjuicio económico al tesoro público o afecte al normal funcionamiento de los poderes públicos”, en tanto que determina como “grave perjuicio económico” al que “supere el uno por mil del presupuesto de la jurisdicción u organismo involucrado”.