La juez federal María Servini de Cubría se reunió con representantes de partidos políticos previo a resolver una denuncia por violación a la Ley de Financiamiento de esas fuerzas y del Código Electoral Nacional.

La audiencia fue convocada ante la denuncia formulada por la diputada nacional (Partido Socialista) Alicia Ciciliani, quien sostuvo que las campañas electorales se iniciaron antes de los plazos que establecen las normas (35 días previos a los comicios hasta 48 horas antes del sufragio), con multimillonarios gastos en publicidad.

“Del Partido Justicialista no sale un peso para el financiamiento de las campañas”, afirmó el representante de esa fuerza a nivel nacional, Eduardo López Wesselhoefft, quien opinó que, si bien se dictó “de buena fe”, la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos “ha fracasado”.

Como expresó sentirse “aludido” por algunas críticas expuestas en la audiencia por representantes de otras fuerzas políticas, el apoderado del PJ afirmó que “ningún fondo público se destina a la campaña publicitaria” de eventuales candidatos presidenciales.

En la audiencia celebrada en el despacho de Servini de Cubría, en la planta baja del Palacio de Tribunales, el apoderado del PRO, Clodomiro Risau, pidió que “se dicten las medidas necesarias”, pero aclaró que los gastos que realiza su representado “tienen plena justificación” y “se ajustan a las normas vigentes”.

El apoderado de la Unión Cívica Radical (UCR) Mariano Genovesi, dijo compartir la preocupación de la denuncia (que Servini de Cubría admitió ser también la del Tribunal y de la Cámara Nacional Electoral), pero pidió respeto por los derechos constitucionales de los partidos políticos y a la libertad de expresión.

A su turno, la apoderada del Partido Socialista, María Elena Barbagelata (que firmó la denuncia junta a Ciciliani) reclamó a Servini de Cubría que dicte una medida cautelar que ordene el cese “inmediato” de las campañas y se investigue “cualitativa y cuantitativamente” los fondos para la publicidad de postulantes.

En la denuncia se recordó que el Código Nacional Electoral prevé que “el juzgado federal con competencia electoral podrá disponer el cese automático del aviso cuando éste estuviese fuera de los tiempos y atribuciones regulados por ley”.

El Partido Socialista pretende, además, que se realice una auditoría para determinar los montos destinados a financiar los actos de campaña electoral realizados desde comienzos de 2014, en relación a los próximos comicios nacionales y quienes realizaron los aportes destinados a solventarlos.

Al término de la audiencia, Servini de Cubría ordenó firmar el acta respectiva y adelantó que dará “vista al fiscal” para luego resolver la cuestión planteada.