Piden elevar penas para acusados por delitos durante la dictadura

Los fiscales de la Unidad que interviene en crímenes de terrorismo de Estado en La Plata, Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira, apelaron la sentencia... Por Cuarto Intermedio

Los fiscales de la Unidad que interviene en crímenes de terrorismo de Estado en La Plata, Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira, apelaron la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Uno que condenó a Claudio Raúl Grande y Raúl Ricardo Espinoza a la pena de trece años de prisión.

Se trata de los hechos que afectaron a Olga Casado y Laura Estela Carlotto, hija desaparecida de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.

Los fiscales reclamaron que la Cámara Federal de Casación Penal eleve a 25 años de prisión la condena a dos civiles que se desempeñaban como agentes de Inteligencia del Ejército y que actuaron como guardias en el centro clandestino de detención y torturas “La Cacha”.

El planteo apunta a que las condenas sean aplicadas por homicidio agravado, pues “el acontecer de los hechos y la intención de los autores, quienes, como funcionarios públicos e integrantes de un estado terrorista, incluyeron en su plan, además de la privación ilegal de la libertad y los tormentos, la muerte de las víctimas como un eslabón más del plan”.

Molina y Nogueira cuestionaron la pena impuesta a los dos condenados y recordaron que el Tribunal había planteado como atenuantes la “falta de antecedentes” de ambos, y como agravantes “la intensidad del injusto, el grado de reiteración delictiva, la pluralidad de bienes jurídicos lesionados y la gran cantidad de casos”.

“Resulta contradictorio sostener que estamos frente a hechos gravísimos y luego no aplicar el máximo de la pena prevista, toda vez que no encontramos atenuante alguna que se pueda aplicar a favor de los imputados. De este modo, las agravantes evaluadas no hallan correlato con las penas finalmente impuestas”, enfatizaron, por lo que pidieron 25 años de prisión.