Convierten Fiscalía de Investigaciones Administrativas en una procuraduría especializada

La Procuración General de la Nación resolvió convertir a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas en una procuraduría especializada en “hechos de corrupción y de... Por Cuarto Intermedio

La Procuración General de la Nación resolvió convertir a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas en una procuraduría especializada en “hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes públicos”.

Mediante la resolución número 2970/15, la procuradora Alejandra Gils Carbó enmarcó la decisión de jerarquizar a la Fiscalía en la paulatina implementación del nuevo Código Procesal Penal, que establecerá a futuro un sistema acusatorio en materia penal.

“Resulta inherente a las atribuciones de la Procuradora General de la Nación la potestad de delinear la política criminal”, subraya la resolución.

En ese contexto, Gils Carbó resaltó “la existencia de Procuradurías Especializadas en el ámbito de la Procuración General de la Nación”.

“En esta línea, y dada la convergencia funcional existente entre la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que prevé la nueva ley orgánica, resulta necesario disponer su conversión institucional”, consideró el documento.

La jefa de los fiscales encomendó al actual titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Leonardo Rodríguez, que eleve una propuesta de reglamentación interna.

Según la página de internet del Ministerio Público, la nueva Procuraduría “realiza investigaciones preliminares, impulsando e interviniendo en sumarios administrativos y actuaciones judiciales en los cuales se investigan irregularidades administrativas y delitos de corrupción supuestamente cometidos por agentes de la Administración Pública Nacional”.

Sólo se vincula con la Administración Pública, los organismos centralizados, descentralizados o entes en el que el Estado tiene participación, pero “no entiende sobre los hechos que tengan lugar en los Poderes Legislativo o Judicial de la Nación, como tampoco en las instancias de Gobierno provinciales o locales”.