La legisladora peronista Amelia Chiófalo presentó en Córdoba un proyecto de ley para que las empleadas estatales que sean víctimas de violencia de género puedan tomarse una licencia especial.
Al conocerse esta noticia, otra legisladora, Liliana Montero (Frente Cívico) recordó que ya hace tiempo que llevó a la Cámara una iniciativa similar que el oficialismo no quiso tratar.
El proyecto del oficialismo tiene un alcance similar y afirma en sus argumentos: “La licencia será considerada justificada con la correspondiente certificación, constancia y/o dictamen que emita la Dirección de Violencia Familiar de la Provincia o dependencia judicial interviniente”.
El proyecto de Montero pide que se incorpore a la legislación provincial “licencias, justificaciones y franquicias” para el personal de la administración pública.
“El presente proyecto es producto del impulso y la activa participación de la UTS (Unión de Trabajadores de la Salud), Fes.Pro.Sa., la CTA Córdoba, y otras organizaciones comprometidas en la defensa de los derechos de las mujeres, y pretende la modificación del Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias del Personal de la Administración Pública y Equipo de Salud de la provincia”.
“Se propone también la inclusión de un derecho laboral todavía no reconocido en los regímenes de licencia de las empleadas públicos”, señalaron desde el Frente Cívico.
