Promulgan ley que crea la Agencia Nacional de Materiales Controlados

El Gobierno oficializó la creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) que reemplazará al Registro Nacional de Armas (RENAR), luego de promulgar la... Por Cuarto Intermedio

El Gobierno oficializó la creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) que reemplazará al Registro Nacional de Armas (RENAR), luego de promulgar la ley 27.192 que dispuso su creación. Entre sus objetivos, se destacan la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos.

Mediante el Decreto 2205/2015 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó la puesta en funcionamiento de la nueva Agencia Nacional de Materiales Controlados que viene a reemplazar al Registro Nacional de Armas.

La nueva agencia funcionará como un ente descentralizado en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado.

La ANMAC tendrá a su cargo, entre otras cuestiones, el desarrollo de políticas tendientes a reducir el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada, contemplando la realización de campañas de comunicación pública. Además, encabezará políticas tendientes a que, con la mayor celeridad, se proceda a la destrucción de los materiales controlados que sean entregados, secuestrados, incautados o decomisados.

Asimismo la nueva agencia -que estará comandada por un director Ejecutivo que tendrá el rango y jerarquía de secretario de Estado y será designado por el Poder Ejecutivo-, también tendrá entre sus funciones “administrar el Banco Nacional de Materiales Controlados y la red de depósitos que formen parte del mismo”.

El proyecto de creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados había sido presentado por el secretario General de la Presidencia, Eduardo “Wado” De Pedro, cuando éste era diputado nacional; y fue sancionado por la Cámara Alta el pasado 7 de octubre.