Por medio del Decreto 257/2015, el Ejecutivo nacional dispuso que se difiera la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal porque “no se encuentran reunidas las condiciones básicas para asegurar la implementación proyectada en el plazo oportunamente establecido”.

Si bien la administración de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner había previsto la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal para el 1 de marzo de 2016, el Gobierno de Mauricio Macri argumentó por medio de un decreto publicado en el Boletín Oficial que la implementación del mismo en las actuales condiciones pondría en grave riesgo la correcta administración de Justicia.

Por lo tanto, la nueva disposición gubernamental prevé el establecimiento de un mecanismo progresivo de asignación de recursos para atender las erogaciones que demande la efectiva implementación del Código Procesal Penal. “El Código Procesal Penal de la Nación -aprobado por la Ley N° 27.063- entrará en vigencia de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación que funciona en el ámbito del Congreso, previa consulta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Consejo de la Magistratura de la Nación”, consignaron.

Asimismo, expresaron que la magnitud de la tarea aún pendiente ha sido advertida por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación del Congreso, y por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. “Con el diferimiento se evita la aplicación asistemática y carente de integralidad de un diseño institucional cuya puesta en funcionamiento no se encuentra acabadamente planificada”, explicaron.

Por último se aclara que esta decisión no implica modificación alguna de normas de carácter penal, sino que proyecta sus efectos sobre la organización, el funcionamiento y aspectos presupuestarios del Ministerio Público.