Las polémicas “ayudas sociales a personas” de la Legislatura tucumana sirvieron para destrabar, provisoriamente, el conflicto entre el intendente de Simoca, el kirchnerista Marcelo Herrera, y ex empleados de la Municipalidad.

Las “ayudas sociales a personas” son fondos que los legisladores usan en forma discrecional todos los meses.

Con ese dinero, los manifestantes pusieron fin al plan de lucha iniciado hace tres semanas, cuando Herrera dio a conocer que no renovaría 78 contratos temporales.

Herrera explicó que esos contratos fueron suscriptos por su antecesor, el legislador radical Luis González. Los trabajadores aseguraron que ellos se desempeñaban “en negro”.

“Se logró el principio de acuerdo para que puedan empezar a trabajar en la Municipalidad. Yo hago un aporte desde de lo que manejo dentro de la Cámara”, dijo González, precisamente uno de los aportantes.

“Entre lo que nos pague la Municipalidad y lo que aporte la Legislatura completaremos un sueldo mensual de seis mil pesos”, afirmó uno de los trabajadores. “Accedimos a ingresar en el plan, pero el compromiso es encontrar la forma de que recuperemos los contratos que se vencieron a fin de año”, agregó.

Esta modalidad continuará hasta marzo, cuando comenzará el plan “Manos a la Obra”, mediante el cual se creará a través del Ministerio del Interior de la Provincia puestos de trabajo en municipios y comunas. A partir de esa fecha, los ex contratados serían incluidos en ese plan social, que prevé remuneraciones de entre 1.257 y 5.588 pesos.