Ratifican condenas contra acusados de apropiación de una menor durante la dictadura

La Cámara Federal porteña confirmó las penas de hasta diez años de prisión para los responsables de la apropiación de la tercera hija de los... Por Cuarto Intermedio

La Cámara Federal porteña confirmó las penas de hasta diez años de prisión para los responsables de la apropiación de la tercera hija de los desaparecidos Orlando Ruiz y Silvia Dameri, nacida en cautiverio en la ESMA en 1980, durante la última dictadura.

La Sala Primera de la Cámara, con los votos de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, dejó firme el fallo dictado a fines del año pasado por el juez Sebastián Ramos, en un proceso que se rigió por el Código Procesal Penal vigente hasta antes de la reforma que instauró los juicios orales.

El tribunal confirmó las condenas contra el médico naval que intervino en el parto, Carlos Octavio Capdevila, como “partícipe necesario en la sustracción, retención y ocultación de un menor de diez años”.

La misma pena recibió el ex prefecto Juan Antonio Azic, apropiador de la niña que recuperó su identidad en mayo de 2008 mediante un examen de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Azic fue condenado por el mismo delito que Capdevila, más “falsedad ideológica de documento público”, y recibió una pena unificada de 15 años pues registraba una antecedente por la apropiación de la hoy diputada nacional Victoria Donda.

El ex prefecto Jorge Manuel Díaz Smith, quien presenció el parto en la ESMA, y el ex contralmirante de la Armada y director de ese centro clandestino, Edgardo Aroldo Otero, recibieron condenas de siete años de prisión.

Silvia Dameri y Orlando Ruiz tenían dos hijos cuando regresaron a la Argentina tras un exilio en Suiza y Cuba, y fueron secuestrados cuando estaban embarazados de cinco meses.

Los otros dos hijos recuperaron su identidad, pero Abuelas de Plaza de Mayo continuaba buscando a la niña que nació en cautiverio y sospechó que podría tratarse de la joven anotada por Azic como su propia hija.

La jueza federal María Servini de Cubría allanó la casa del matrimonio apropiador y obtuvo elementos personales de la joven que permitieron, en mayo de 2008, establecer su verdadera identidad.