El máximo tribunal le solicitó informes al Ejecutivo nacional sobre aspectos sociales y económicos de las tarifas del gas para para indagar sobre cómo fue la evolución de las mismas y el impacto producido en la prestación del servicio.

“Explique los parámetros tenidos en cuenta para arribar a los aumentos de precios y tarifas contemplados en las Resoluciones MINEM 28/2016 y 31/2016 y la Resolución ENARGAS N° I-3730/2016 y la relación de dichos aumentos con las pautas contenidas en el contrato de concesión. Especifique fundadamente la existencia o inexistencia de la ponderación de los principios de gradualidad y progresividad para la determinación del cuadro tarifario en análisis”, reza uno de los párrafos del texto firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.

Además, el máximo tribunal solicitó que se informe si se establecieron bandas tarifarias o segmentaciones según la distancia en relación con los centros de producción, transporte y distribución y, en su caso, que explique los fundamentos técnicos que justificarían esas modificaciones, así como también que precise si se ha considerado el establecimiento de bandas tarifarias o segmentaciones según los ingresos del usuario y, en su caso, de los demás miembros del grupo familiar con el que cohabita.

“Explique el impacto que la Resolución MINEM 99/2016 produce en las Resoluciones MINEM 28/2016 y 31/2016 y cómo quedaría conformado el esquema tarifario final. Además, especifique las razones que llevaron a establecer el tope que surge de la mencionada Resolución MINEM 99/2016. Asimismo, informe cómo operará, sobre qué importes se aplicará y qué incidencia tiene dicho tope sobre el monto final de la factura a pagar por el usuario”, de destaca en otro de los pasajes del escrito publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ), en el cual se fija un plazo de diez días para que desde la Casa Rosada emitan su descargo.