La Cámara Federal de Casación Penal reabrió una causa contra el ex secretario de Transportes Ricardo Jaime y el ex titular del Organismo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, por el presunto delito de “peculado” en el uso de automóviles oficiales.

El tribunal le ordenó, además, al juez Sebastián Casanello, que “imprima a este proceso urgente trámite para no dilatar más la definición procesal de los enjuiciados en esta causa”.

Se trata de una vieja causa en la que ambos ex funcionarios habían sido sobreseídos por “prescripción” por el paso del tiempo, ya que estaban imputados por el delito de “malversación de caudales públicos”.

Pero los fiscales Diego Velasco y Raúl Plée apelaron la medida porque entendieron que ambos debía ser investigados por el delito de “peculado”, que tiene una pena mucho mayor y en consecuencia, una extensión en el tiempo de los plazos de prescripción.

En la causa se investiga si Jaime utilizaba para beneficio personal dos automóviles que estaban asignados al organismo encargado de controlar las autopistas, entre 2004 y 2007.

“Desde el inicio de las actuaciones los hechos que conforman la base fáctica de la investigación han sido susceptibles de ser encuadrados bajo la figura de peculado, habiéndose impulsado la acción penal en orden a esa figura, la que también se les atribuyo a los acusados el momento de recibirles declaración indagatoria”, sostuvo el fallo de la Sala Tercera de la Cámara.

Los camaristas Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani resumieron que el plazo para la prescripción comenzó a correr cuando Jaime cesó en la función pública, el 1º de julio de 2009 y con los llamados a indagatoria para ambos, en noviembre de 2013.

“No se ha superado el plazo máximo de pena previsto para el delito de peculado (diez años de prisión), estando la acción penal vigente”, establecieron.

El fallo cita como basamento de su resolución un discurso del difunto ex Presidente Néstor Kirchner del 18 de Junio de 2004, cuando “reclamara -lamentablemente de manera infructuosa- al parlamento argentino, el otorgamiento de rango Constitucional a la Convención Interamericana contra la Corrupción”.

“La corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos“, dijo Kirchner en aquel entonces, según recuerda el fallo.