La Corte Suprema de Justicia ordenó que la Administración de Parques Nacionales le informe acerca de la matanza y faena de burros silvestres en la provincia de San Luis. Fue ante el reclamo del gobierno local.

El máximo tribunal otorgó un plazo de 30 días para que el organismo produzca el informe ante la denuncia formulada por las autoridades provinciales por hechos que se habrían registrado en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas.

En su caso, la Corte quiere saber “cuáles fueron las medidas adoptadas al respecto” y “si se otorgaron autorizaciones para llevar a cabo esas actividades y con qué fundamento”.

La Corte tomó esa decisión ante el reclamo formulado por San Luis para que se disponga el cese “inmediato y definitivo” de la matanza de burros silvestres producida en los inmuebles afectados al Parque Nacional Sierra de las Quijadas, ubicado 120 kilómetros al noroeste de la capital provincial.

San Luis pidió también que “se declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable de cualquier tipo de autorización de matanza o faena que hubiere sido otorgada al respecto”.

La provincia pretende “que se imponga a los responsables el deber de recomponer y restablecer las condiciones del ambiente a su estado anterior a la producción del daño denunciado”, pero, si ello es imposible, “se fije una indemnización sustitutiva a favor del Pueblo Nación Huarpe de San Luis”.

El fallo firmado por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton y Juan Carlos Maqueda, consignó que la Ley General del Ambiente “establece que el juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general».