Ordenan al Gobierno porteño que provea una vivienda a hombre con problemas de salud

Un tribunal porteño le ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que le solucione la falta de vivienda a un hombre que padece... Por Cuarto Intermedio

Un tribunal porteño le ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que le solucione la falta de vivienda a un hombre que padece el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), el virus del Papiloma Humano (VPH), Hepatitis C y la enfermedad de Chagas, y está a punto de quedar en la calle.

El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Marcelo Segón, dispuso la medida aclarando que la solución no puede ser el alojamiento del vecino en “hogares y paradores”.

“Ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al Instituto de la Vivienda (IVC), que en el plazo de dos días garanticen el acceso a una vivienda digna al amparista, sin que se contemple la posibilidad de que sea derivado a la red de hogares y paradores”, sostiene el fallo.

El vecino nació en Paso de los Libres, Corrientes, y hace algunos años migró a la Ciudad de Buenos Aires.

“A partir del año 2010 fueron detectados diversos problemas de salud, lo cual motivó que le fuera otorgado un certificado de discapacidad”, explica el fallo.

El hombre “atravesó ocho intervenciones quirúrgicas, debiendo próximamente internarse por una lesión perianal (enfermedad de Bowen) en el Hospital Penna de la Ciudad”.

Desde 2010 está desocupado, pese a lo cual “continúa en la búsqueda de trabajo a través de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS)”.

A través de ingresos por planes sociales pudo esporádicamente afrontar el precio del alquiler del hotel donde reside, de 2.500 pesos mensuales, pero “en la actualidad fue intimado a desalojar el lugar donde vive y de no mediar intervención del Gobierno quedará en efectiva situación de calle”.

“El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha asumido el compromiso constitucional de resolver progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos”, recordó el fallo.