Santa Fe: Estudian ley “antidespidos”

La Cámara de Diputados de Santa Fe le otorgó preferencia de dos sesiones a un proyecto de ley “antidespidos”, que tiene por propósito la creación... Por Cuarto Intermedio

La Cámara de Diputados de Santa Fe le otorgó preferencia de dos sesiones a un proyecto de ley “antidespidos”, que tiene por propósito la creación de un programa de crisis ocupacional por 180 días que consistiría, fundamentalmente, en que se eviten los ceses laborales en toda la provincia.

Además, los diputados declararon su “solidaridad” con los 150 trabajadores de la empresa Acindar Navarro de Rosario, cuyos empleos están en riesgo.

La situación en Santa Fe es complicada y el ministro de Producción, Luis Contigiani, dijo que para finales de 2016 la tasa de desocupación llegaría a los dos dígitos.

El Secretario General UOM, Antonio Donello, uno de los impulsores de la iniciativa, sostuvo que “esto es para todos los gremios de toda la Provincia”, pero detalló el estado del que representa: “en condiciones de despido ya tenemos 450 personas. Lo más preocupante son 2.500 compañeros que tenemos con convenios de suspensiones, reducciones de jornadas al 25-75. Hay convenios que comienzan a terminarse desde agosto hasta noviembre. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? ¿Habrá producción para reinsertarse en el mercado laboral? Al paso de que vamos, no hay señales del Gobierno nacional para reactivar el mercado. Todo lo contrario: sigue cayendo el poder adquisitivo de los trabajadores y, por lo tanto, del mercado interno”.

El proyecto de ley determina que, ante la decisión patronal de despidos, ya sea sin causa o argumentando una crisis económica, financiera o de producción, se deberán notificar a los respectivos gremios y dentro de las 48 horas siguientes habrá una instancia conciliadora entre las partes, no pudiéndose extender más allá de las dos semanas, interviniendo el Ministerio de Trabajo provincial.

Si el empleador no cumple, su conducta será denunciada y considerada como una infracción “muy grave” y “se notificará a los ministerios de Economía y de la Producción, “a fin de que estos analicen el cumplimiento de la normativa y la eventual suspensión de beneficios”.