Jueza exige ser puesta en funciones en tribunal que ganó por concurso

La jueza en lo Penal y Contravencional porteña, María Gabriela López Iñiguez, le exigió al Consejo de la Magistratura que la ponga en funciones en... Por Cuarto Intermedio

La jueza en lo Penal y Contravencional porteña, María Gabriela López Iñiguez, le exigió al Consejo de la Magistratura que la ponga en funciones en el cargo de magistrada de un tribunal oral federal, que ganó por concurso.

“Vengo a reclamar que sigo sin ser puesta en funciones para ocupar vacantes existentes en el fuero, instancia y jurisdicción territorial para la que he sido designada, a pesar de que existen vacantes disponibles”, explicó López Iñiguez, en una nota dirigida al presidente de la Comisión de Selección del Consejo, Luis Cabral.

López Iñiguez ganó el concurso para jueza del tribunal oral federal número ocho, que aún no fue creado, y fue designada hace casi dos años, pero desde entonces no fue puesta en funciones ni en el cargo que ganó, ni en otros similares que tienen vacantes.

La magistrada porteña entendió que es víctima de una “evidente discriminación en relación a colegas varones que ya se encuentran desempeñando sus cargos, hecho que revista gravedad institucional”.

En concreto, López Iñiguez peticionó: “ante la continua omisión de este Consejo de dar cumplimiento a las mandas legales que los rigen, y especialmente a la Corte Suprema, vengo a requerir nuevamente que se me tome juramento como jueza del Tribunal Oral Federal 8 y se me ponga en funciones en la vacante existente en el número uno”.

“Exhorto mi inmediata puesta en funciones como jueza subrogante con carácter preferente a todo otro candidato y con carácter preferente… Cualquier otra decisión que no recayera en mi persona implicaría un avasallamiento de mis derechos y una vulneración de las normas del propio Consejo que generarán en quienes las adopten las responsabilidades pertinentes”, advirtió la jueza porteña.

En ese sentido, advirtió que podría recurrir a una acción de amparo “contra todo acto que implique daño o peligro” para sus “legítimos derechos”.