El diputado massista Alejandro Grandinetti recorrió algunas de las zonas afectadas por las inundaciones en Santa Fe y, en ese marco, anticipó que presentará en el Congreso una iniciativa para crear un ente nacional destinado a monitorear en forma permanente a las regiones más afectadas.

El diputado nacional del Frente Renovador UNA, Alejandro Grandinetti, propuso que se cree un organismo de control hídrico destinado a monitorear en forma permanente las regiones más afectadas para aplicar políticas públicas que sirvan para atacar las causas de las inundaciones y no sólo sus consecuencias.

“Ya no alcanza con organizar eventuales comités de crisis para asistir a los evacuados cada vez que se producen situaciones como ésta, dado que ante lo recurrente de este tipo de anegamientos es necesario abandonar la idea de emergencia y trabajar de manera permanente con políticas de Estado de mediano y largo plazo que permitan prevenir los desastres causados por el agua”, expresó el legislador santafecino, quien recorrió el centro de evacuados de Arroyo Seco y también la comuna de General Lagos.

Por otra parte, Grandinetti sostuvo que resulta importante entender que el cambio climático ya ha modificado definitivamente el régimen de lluvias y que eso está afectando sistemáticamente a la producción de más de un millón de hectáreas de la zona productiva más significativa del país, y a la cuenca lechera más importante de Latinoamérica, además de los serios inconvenientes que genera en las zonas urbanas.

“Eso demuestra que ya no sirve decretar una emergencia hídrica o agropecuaria porque ya no se trata de casos eventuales o aislados. Se está atravesando una crisis habitual, ante la cual el país necesita nuevas herramientas institucionales e interjurisdiccionales que le permitan salir adelante”, opinó el vicepresidente del bloque massista en la Cámara Baja nacional.

Por último y en relación a su iniciativa, insistió que resulta fundamental que haya un nuevo organismo abocado al seguimiento de la situación durante los 365 días del año para evaluar los cambios climáticos en tiempo real que permitan abordar sus consecuencias con eficientes políticas de Estado.