El diputado nacional del Frente Renovador UNA, Alejandro Grandinetti, presentó un proyecto que propone crear una Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para que verifique a las grandes empresas formadoras de precios con el fin de evitar que constituyan abuso de posición dominante.
“La defensa de la competencia fue expresamente incluida en la reforma constitucional de año 1994 (art. 42), siendo un instrumento fundamental para la organización de un mercado eficiente y dinámico apto para el desarrollo económico. Es importante que exista un organismo autónomo del Estado en defensa de la competencia y de los consumidores, mitigando el riesgo de discrecionalidad con fines de oportunismo político y fenómenos de captura de la política pública por parte del sector privado”, se explica entre los fundamentos de la iniciativa.
Asimismo, también destaca que resulta necesaria la creación de esa Comisión “como un ente autárquico, con autonomía económica y financiera, el cual también actuaría como una primera instancia judicial, en materia de sanciones administrativas”, ya que “dada la celeridad necesaria en la regulación de la actividad comercial, es de vital importancia contar con una institución especializada que pueda resolver conflictos de forma rápida y eficaz”.
Por otra parte, Grandinetti señaló que de nada sirve un mandato constitucional o un organismo de defensa de la competencia que no tenga la potestad de sancionar cuando se descubre un comportamiento de posición dominante de mercado que va en contra de los consumidores. “La norma apunta a controlar a los verdaderos formadores de precios, que están concentrados en un 60 por ciento en las grandes industrias y superficies de comercialización”, añadió.
Según el texto del proyecto propuesto por el legislador massista, quienes realicen los actos prohibidos serán sancionados con una multa que pude ir de los cien mil hasta los doscientos cincuenta millones de pesos, monto que se actualizará por las cifras de inflación; mientas que en caso de reincidencia, los montos de la multa se duplicarán. Además, detalla que la Comisión podrá solicitar al juez competente que las empresas infractoras sean disueltas, liquidadas, embargadas o inhibidas.
“La propuesta actúa como complemento del plan económico “Bajemos los precios” presentado por Sergio Massa, ya que para poder actuar y evitar el aumento indiscriminado de los precios es imperioso contar con organismos estatales que no dependan del Gobierno nacional y que cuenten con el presupuesto y la estructura necesaria para que puedan controlar y aplicar sanciones a quienes corresponda”, explicó Grandinetti.
