Rechazan acuerdo extrajudicial del responsable de Hope Funds

El juez en lo Comercial Sebastián Sánchez Cannavó rechazó un acuerdo extrajudicial entre el bróker Enrique Juan Blaksley, responsable de financiera Hope Funds S.A., acusada de múltiples estafas, con una parte de sus acreedores. Por Cuarto Intermedio

El juez dispuso la medida en el marco de un proceso comercial, en el que además deslizó la posibilidad de investigar penalmente a Blaksley, quien ya afronta una causa penal ante la jueza federal María Servini.

Blaksley está acusado por una millonaria estafa mediante promesas de inversiones de alta rentabilidad en emprendimientos inmobiliarios, comerciales y hasta las actuaciones del “payaso plin plin”.

En el marco de esa causa, en febrero pasado acordó con un grupo de acreedores por aquellas “inversiones” fallidas, un “Acuerdo Preventivo Extrajudicial” (APE), “ya que afronta dificultades económicas y financieras de carácter general”.

Esas dificultades -adujo- fueron “originadas en la demora del Fideicomiso Verazul (común a varios barrios privados del Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires) en la obtención de las habilitaciones y permisos necesarios para seguir adelante con el emprendimiento”, a lo que “se le suma una campaña de desprestigio mediático que originó la promoción de acciones judiciales en su contra y que afectaron su credibilidad y solvencia”.

El juez comercial rechazó ese acuerdo y dispuso que “cesen las medidas dispuestas al inicio en cuanto a la suspensión de las acciones de contenido patrimonial”, es decir, rehabilitó la posibilidad de que se ejecuten bienes de Hope Funds para saldar sus deudas.

Además, dispuso que “se remita copia de esta resolución a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional a efectos de investigar la posible comisión de eventuales delitos”.

En la causa penal, impulsada por inversores patrocinados por los abogados Gonzalo Romero Victorica y Ezequiel Altinier, se investigan supuestas “falsedades, engaños y omisiones dolosas de todo tipo, tanto a las autoridades de contralor (BCRA, AFIP, UIF) como a los ahorristas particulares que les confiaron sus dineros y al público en general”.

“Ofrecían a los eventuales inversores ser parte de supuestos millonarios emprendimientos comerciales, presentándolos como ‘respaldo’ del negocio que se les estaba ofreciendo. Se les mostraba una numerosa cantidad de inversiones accionarias que supuestamente el grupo detentaba, para finalmente hacerles firmar un contrato de mutuo”.