Procesaron a De Vido en una causa por la asignación de subsidios a colectivos

El juez Claudio Bonadio dispuso el procesamiento del ex ministro de Planificación Federal en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la asignación de subsidios para el gasoil de colectivos. Junto a él, también fueron procesados otros ex funcionarios. Por Cuarto Intermedio

El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, Claudio Bonadio, dispuso el procesamiento del ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional, Julio De Vido, en una causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la asignación de subsidios para el gasoil de las líneas de colectivos.

Además de esa medida, el magistrado también ordenó trabarle un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 1.000 millones de pesos.

En la causa en que se investigan los subsidios para gasoil de colectivos con perjuicio para el Estado por más de 600 millones de pesos, también fueron procesados Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Alejandro Ramos, Roque Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro, a quienes también Bonadio los embargó por sumas de hasta $900 millones.

“Se imputa a Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Eduardo Sícaro, en sus condiciones de interventores de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte; Ricardo Raúl Jaime, Juan Pablo Schiavi y Alejandro Ariel Ramos, en sus condiciones de Secretarios de Transporte; y Julio Miguel De Vido, en su condición de Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, haber intervenido en el hecho que se detalla a continuación, que ocasionó perjuicio a las arcas del Estado Nacional de aproximadamente seiscientos nueve millones trescientos veintiséis mil ciento ochenta y seis pesos, con veinticinco centavos ($ 609.326.186,25)”, se describe en la resolución judicial difundida por el Centro de Información Judicial (CIJ).

En la misma, además, se describe que “durante el período comprendido entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían”; y que “a tal fin diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo, un sistema destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados”.