La demanda contra el Estado Nacional la promovió un ex cabo primero, quien recalcó que en la causa penal que se le siguió por supuestas “exacciones ilegales”, terminó con un sobreseimiento y la aclaración que la formación del sumario “en nada afectaba su buen nombre y honor”.

El ex efectivo pidió que se anulara la resolución administrativa que hace más de una década dispuso su cesantía, que se le pagara el retiro correspondiente a su grado y un resarcimiento en concepto de daños y perjuicios.

El hecho que motivó la cesantía dispuesta por el jefe de la Policía Federal, por conductas “poco claras” del ex policía, ocurrió a principios de 2004 y fue detectado por personal de Asuntos Internos.

A raíz de denuncias de casos similares, los policías de Asuntos Internos se apostaron en zona cercana a Bartolomé Mitre y 9 de Julio y vieron cuando el entonces suboficial paraba a una taxista que había cruzado con luz roja esa intersección.

Luego de unos minutos, el policía permitió que el taxista prosiguiera la marcha, pero, interceptado por los efectivos de Asuntos Internos, el chofer admitió que tuvo que darle 20 pesos a quien luego fue identificado como el investigado, para que no le hiciera una multa.

El taxista comentó que el policía de advirtió que correspondía que le hiciera la boleta, pero que podían “arreglarlo”.

En su defensa, el ex efectivo había dicho que el Manual Práctico para el personal subalterno de la Policía no obliga a los a labrar actas por violación a la luz roja cuando el automovilista cruza con luz amarilla, sino aconsejarlo “cordialmente” a que aminore la velocidad en todas las intersecciones.

La Sala IV de la Cámara recordó “la independencia existente entre los procesos penales tramitados en la instancia judicial y el régimen disciplinario administrativo, de manera que las conclusiones a las que se arriba en una y otra sede pueden resultar divergentes”.

Agregó que “la absolución o sobreseimiento penal no siempre es un título suficiente para impedir la sanción administrativa, aun cuando ésta se imponga por hechos directamente vinculados a los que dieron lugar” a aquellas decisiones.

Los camaristas Marcelo Duffy, Jorge Morán y Rogelio Vincenti evaluaron que “ese obrar dudoso y falta de transparencia del demandante importa una conducta que acarrea un grave y notorio desprestigio institucional”, que fue lo que, a criterio del tribunal, justificó su cesantía.