El proyecto había sido impulsado por la diputada Leticia Angerosa, del Frente para la Victoria (FpV), y fue aprobado por unanimidad en las Cámaras de Diputados y de Senadores.

El gobernador Bordet vetó seis de los doce artículos.

La norma apunta a facilitar que las cooperativas puedan realizar obras públicas efectuadas por el gobierno provincial y sus organismos autárquicos o descentralizados, y con esto contribuir a la generación, crecimiento, sostenimiento y mejora del trabajo.

Angerosa había considerado que su proyecto es “una herramienta para promover los valores sociales de igualdad, solidaridad, autogestión, ayuda mutua y justicia social, en el marco de la provincia de Entre Ríos que se esfuerza por sostener un modelo de inclusión e inserción social”.

La diputada destacó el objetivo de “estimular la capacitación y formación continua de los asociados de las Cooperativas en los aspectos técnicos, gerenciales y comerciales necesarios para consolidar el desarrollo cooperativo”.

Esta tarea la desarrollaría el Instituto de Promoción, Cooperativa y Mutualidades de Entre Ríos (Ipcymer), dentro del cual se creaba el Registro de Cooperativas de Trabajo.

Ahora, las Cámaras deben resolver sobre el veto: si lo aceptan o si insisten con el texto original.