El planteo de los legisladores provinciales, incluso los de Cambiemos, es que si el decreto que reglamenta la ley 27.179 recibe la firma del Presidente Mauricio Macri, se violaría el sentido de la norma original, ya que los beneficiarios de las indemnizaciones perderían el derecho de cobrar.

El problema que preocupa a los vecinos de Río Tercero, es que el proyecto de reglamento expresa que solamente se pagarán “todos aquellos procesos judiciales en los que los actores hubieran instado el curso de la instancia dentro de los seis meses inmediatos anteriores al 5 de octubre de 2015”, fecha de aprobación de la ley. Y había previo a todo ello un acuerdo entre los vecinos y el Estado para suspender las acciones judiciales a la espera de que salga la ley.

En el proyecto de declaración, firmado por el peronista Fernando Salvi, advierte que el decreto “fue redactado a sabiendas de que existía un acuerdo de suspender los juicios, firmado por las víctimas con el Gobierno nacional”. “Con este ilegal e insólito proyecto de decreto se materializa una humillación a todas las víctimas que se verán imposibilitados de cobrar”, agregó.

Las explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero ocurrieron el 3 de noviembre de 1995, y provocaron la muerte de siete personas y tres centenares de heridos, además de numerosos daños en viviendas (diez quedaron en ruinas y cientos muy deterioradas) y vehículos.