La nueva norma establece que los docentes a partir de ahora, ante determinados hechos, van a tener asistencia legal gratuita. Asimismo, van a tener un manual de procedimientos establecido ante casos que observen de abusos o presuntos abusos, y maltratos a niños que estén bajo sus cuidados.

La ley fija sanciones especiales para padres u otras personas que agredan a docentes y una protección especial al personal de la comunidad educativa que tenga que denunciar algún tipo de hecho que tenga que ver con los chicos que están bajo su protección.

El senador provincial Juan Carlos Jaliff (Unión Cívica Radical) explicó que “es un procedimiento que van a tener los docentes en cada una de las escuelas cuando detectan o advierten indicadores de certeza o altamente específico que hagan presumir la existencia de un abuso sexual o maltrato”.

“Ese procedimiento es -detalló- comunicación a la asesora de menores, por un lado, por la Justicia y al Poder Ejecutivo, a través de la autoridad administrativa de protección de derechos OAL. La facultad que tienen los docentes, y el derecho que tienen ahora, es ser asistidos gratuitamente por un abogado”.