La Defensoría del Pueblo bonaerense resolvió más del 90% de los reclamos de los inquilinos

Desde hace aproximadamente un año el organismo que conduce Guido Lorenzino cuenta con un área dedicada exclusivamente para abordar ese tipo de problemas. Según afirmaron, una de las principales quejas gira en torno al estado de las viviendas. Por Cuarto Intermedio

A raíz de los inconvenientes que suelen generarse entre propietarios, inmobiliarias  e inquilinos en relación a lo firmado en los contratos, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires le dio creación hace un año al Área de Atención Primaria a Inquilinos Bonaerenses que es coordinada por Cecilia Gómez Mirada.

En efecto, desde septiembre de 2017 resolvió el 91,11% de los conflictos, mientras que un 8,88% aún continúan activos; y el 2.57% restante fueron derivados a otros sectores debido a su complejidad.

“La problemática habitacional es uno de los grandes inconvenientes que viven las familias bonaerenses. Si a eso le sumamos las dificultades relacionadas a todo lo que tiene que ver con el alquiler, estamos ante un combo explosivo. Nuestra intención es resolver estos conflictos apelando al diálogo y al respeto por las normas, lo que explica el alto porcentaje de soluciones alcanzadas”, expresó por su parte el ombudsman de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino.

En lo que respecta a los reclamos, el 37,7% de los mismos se deben a problemas estructurales de la vivienda o vicios ocultos (humedad, filtraciones, roturas de cañerías, etc), o la falta de respuestas por parte de los propietarios y las inmobiliarias. En segundo lugar, el 20,05% de las quejas surgieron por problemas con el depósito del contrato; mientras que el 17.19% de los inconvenientes están relacionados a cobros indebidos de honorarios en donde las inmobiliarias incumplen con lo normado por la ley provincial.

Por último figuran con el 14,32% los reclamos que giran en torno a la finalización de los contratos y, finalmente, el 10.88% de las consultas se deben a cuestiones generales como, por ejemplo, cuáles son las normativas vigentes que garantizan los derechos de los inquilinos, los pagos de servicios públicos e inquietudes sobre la renovación de contratos.