El régimen de contratación al que adhirió Misiones a través de su Cámara de Representantes, es denominado Participación Público Privada. Se trata de un marco regulatorio que combina la experiencia del sector privado y la posibilidad de financiación del Estado nacional.

El objeto de este régimen implica un cambio de paradigma en la contratación pública, al excluirse o limitarse significativamente las facultades de derecho público de la administración, como el poder de modificar unilateralmente el contrato, la rescisión por razón de interés público, oportunidad, mérito o conveniencia, la imposibilidad del contratista privado de invocar el incumplimiento del Estado para suspender sus prestaciones, o la limitación de la responsabilidad del Estado.

La adhesión provincial busca promover “un cambio de paradigma favorable al país, a la provincia de Misiones y sus municipios ya que propone un sistema equitativo, transparente y más eficiente para las partes contratantes”, según se explica en los fundamentos del proyecto.

“De esta forma estaríamos incorporando a la provincia dentro de un régimen alternativo, al ya contemplado en la Ley X Nº 4 y concordantes, dentro del cual estaríamos otorgando a las partes contratantes un marco de flexibilidad y dinamismo en el que podrán determinar la mejor manera de llevar adelante los proyectos propuestos”, manifestó el ex legislador Alfredo Schiavoni, impulsor del proyecto.