El caso llegó hasta la Corte Suprema, que -si bien rechazó intervenir en el proceso- le encomendó al  Consejo de la Magistratura que gestione la expropiación del inmueble o, eventualmente, encuentre una solución alternativa para el normal funcionamiento de esa repartición.

El edificio está ubicado en la calle Crisólogo Larralde 673/75 de esa localidad del oeste bonaerense. Es propiedad de Jorge Eduardo Azariu, quien inició el juicio de desalojo que tramita ante la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Rita Ailán.

“Ante las excepcionales circunstancias del asunto planteado y las notorias razones de urgencia existentes, es procedente que se inicie el respectivo trámite expropiatorio”, subrayó la resolución de la Corte.

Para la expropiación, el Consejo de la Magistratura debería pedirle al Gobierno que envíe al Congreso nacional un proyecto de ley declarando al edificio “de utilidad pública” y, en ese contexto, pueda disponer de él, previo resarcimiento económico a su dueño.