La Cámara Federal de Casación rechazó planteos que habían formulado empresarios y ex funcionarios.

En realidad, la causa fue y vino entre juzgados por una tramitación de prescripción por el paso del tiempo y el exceso del “plazo razonable” para resolverla. La última vez que ello ocurrió, el tribunal oral encargado del juicio la consideró prescripta pero la Casación revocó esa medida y le ordenó que “en forma inminente continúe con su sustanciación y fije audiencia de debate a la mayor brevedad”.

Los imputados volvieron a apelar, en este caso con la pretensión de que fuera la Corte Suprema la que resolviera si la causa estaba o no prescripta. La apuesta tenía un doble objetivo: que la máxima instancia judicial se pronunciara sobre el tema y, entretanto, que siguiera corriendo el tiempo. Podía ocurrir, así, que la propia Corte resolviera “atendiendo a las circunstancias del momento” en que le tocara actuar y declarara “de oficio” la prescripción.

Pero para llegar a la Corte era necesario que la Casación admitiera el “recurso extraordinario” de apelación, y es a esa instancia a la que le dijo “no».

Los imputados tienen  aun una posibilidad de llegar hasta el máximo tribunal: un recurso de “queja” (para su presentación deberán pagar 40 mil pesos cada uno), de difícil éxito pero también de imprevisibles tiempos de resolución.