El decreto de Lifschitz señala que “el Estado debe ofrecer a los funcionarios y agentes públicos herramientas ágiles y eficaces para afrontar situaciones de violencia acaecidas dentro de su ámbito laboral y lograr el cese inmediato de tales sucesos, profundizando a su vez la prevención, difusión y capacitación en todo lo atinente a esta problemática”.

La llamada Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En ese sentido, el proyecto de ley indica que “las máximas autoridades de los organismos son responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones”, y se invita a sumarse a todos los municipios y comunas de la provincia.

“Con estas dos medidas estamos poniendo al gobierno provincial en línea con la legislación y criterios más avanzados en materia de prevención de la violencia y el abuso contra las mujeres”, afirmó el gobernador.