La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich; y su par de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, realizaron la presentación del anteproyecto de ley de Responsabilidad Penal Juvenil que será presentado en el Congreso durante el mes de marzo.
Según expresaron, el mismo es el resultado del trabajo de casi tres años realizado por la Comisión Redactora presidida por Ricardo Gil Lavedra, la cual recibió también aportes de más de 3.000 participantes del programa Justicia 2020.
“Se tuvieron en cuenta los 95 anteproyectos de todo el espectro político de los últimos veinte años, las leyes provinciales, y los regímenes penales juveniles de Latinoamérica, España y Alemania. Es un proyecto que aborda todos los planos, que atiende a la situación de jóvenes imputables e inimputables. Con una mirada puesta en la información empírica y estudios presupuestarios, su implementación será progresiva”, expresó Garavano durante la presentación.
Por su parte, la ministra Bullrich sostuvo que el concepto general de la iniciativa es que haya menos delincuentes y no más presos, al tiempo que destacó que quieren impedir que los jóvenes tengan como opción de vida una carrera delictiva.
“Creemos que con esta herramienta se podrá transformar a los jóvenes, con un Estado que les dará una respuesta. Buscamos un punto intermedio entre los proyectos presentados por diputados para contar con un punto de equilibrio”, agregó la funcionaria.
Entre algunas de sus características, el proyecto incluye la posibilidad de establecer la mediación penal y acuerdos restaurativos, “para empoderar a las víctimas y llegar a soluciones reparadoras producto del diálogo entre las partes”.
Además, se propone un sistema de escalas que establece que se es penalmente responsable desde los 15 años de edad, si se comete un delito cuya pena máxima es de 15 o más años de prisión (violación, secuestro extorsivo, homicidio, lesiones gravísimas y robo con arma de fuego).
Vale recordar que la Argentina no cuenta con un sistema penal especializado en jóvenes, razón por la cual se violan sus derechos humanos e incumple estándares internacionales a los que el país se ha obligado.
“En la redacción del anteproyecto se tuvieron en cuenta la Constitución Nacional y la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige una respuesta estatal al adolescente infractor de la ley penal diferente al de una persona adulta”, enfatizaron.
