“La recuperación de los bienes, por medio de un juicio abreviado, está dirigido a todos los delitos de competencia provincial cuyo imputado no pueda justificar la procedencia y origen de ese bien o producto», explicó Bee Sellares.

La sentencia que haga lugar a la acción de extinción de dominio deberá ordenar la subasta de los bienes y, una vez deducidos los gastos incurridos para su localización y secuestro, administración y mantenimiento y demás costos procesales, su producido ingresará a un fondo para la construcción y reparación de escuelas provinciales.

“Creemos que ha llegado el momento de decirle basta a la impunidad. Hay que entregarle a la Justicia herramientas que le permitan perseguir el crimen organizado”, señaló el radical.

Para Bee Sellares, «la sociedad está esperando de los actos delictivos dos cosas: primero, que se condene rápidamente en materia penal; y segundo, que los instrumentos que se utilizaron para esos delitos o que se generaron a través de ellos, vuelvan al Estado, y a través de su intermedio, a la sociedad».

El proyecto pretende proveer al Ministerio Público Fiscal de instrumentos idóneos para lograr de manera eficaz la intervención del Estado con el objeto de obtener la extinción del dominio a su favor de dinero, cosas, bienes, derechos u otros activos, ganancia, provecho directo o indirecto que se hubiera obtenido de manera injustificada, provocando un enriquecimiento sin causa lícita.