El fallo tiene más de mil páginas y repasa buena parte de la memoria histórica del peor atentado terrorista que sufrió la Argentina en el último medio siglo. Entre sus consideraciones, los jueces señalaron que se trató de un caso de “graves violaciones a los derechos humanos” en el que se atentó desde organismos judiciales y estatales contra la libertad de las personas y el derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre lo ocurrido.

El fallo aplicó el concepto de “cosa juzgada írrita” para revisar la situación del ex juez federal Juan José Galeano. Así, dejó sin efecto un sobreseimiento anterior y avanzó en su juzgamiento y condena por el delito de “peculado”. Para el tribunal, Galeano, junto con policías federales y miembros de la central de inteligencia SIDE frenaron la investigación de la “pista siria”.

Además, los jueces subrayaron que existió una deliberada intención de proteger al empresario Alberto Kanoore Edul, presuntamente el vínculo con la conexión local de los iraníes acusados por el atentado contra la mutual judía. El fallo deja traslucir que la “pista siria” se cruza con la iraní, y deja abierta la posibilidad de que ambos se complotaran para el ataque antijudío.

La “pista siria” conducía a una supuesta protección a Kanoore Edul por sus lazos con las familias del ex Presidente Carlos Menem y de los Yoma en un pueblo sirio llamado Yabrud. La línea de investigación parecía dirigirse también hacia el traficante de armas Monzer Al Kassar, condenado y detenido en España.

El Tribunal subrayó que el pago de 400 mil dólares al desarmador de autos Carlos Alberto Telleldin, efectuado por el juez Galeano con fondos reservados de la SIDE, tuvo como objetivo que mintiera e involucrara falsamente en el atentado a policías bonaerenses. El dato adquiere importancia porque los imputados y la propia querella de la representación de la comunidad judía argumentaron que el pago había sido para que dijera la verdad.

Menem fue absuelto porque, según los jueces, no sabía que se estaba encubriendo una línea de investigación que llevaba directamente al pueblo de sus ancestros.

Sobre los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el tribunal consideró que conocieron el video cuando fueron citados a la Comisión Bicameral y omitieron denunciar la situación. Pero no cometieron los delitos de peculado y privación ilegal de la libertad.

Sobre el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, el tribunal consideró que no había pruebas suficientes para condenarlo.  Las querellas sostenían que el pago ilegal a Telleldín no pudo haberse llevado a cabo sin su participación directa.