Smart fue el primer funcionario civil de la dictadura en ser condenado por crímenes de lesa humanidad, entre ellos los secuestros y torturas a la familia Graiver y Jacobo Timerman, pero hace poco más de un año fue beneficiado con la prisión domiciliaria.
La Sala I de la Cámara de Casación Penal dispuso “conceder a Jaime Lamont Smart la prisión domiciliaria” con los votos del presidente de la sala, el juez Gustavo Hornos y de su consorte Carlos Mahiques, con la disidencia de Ana María Figueroa.
La domiciliaria fue concedida por razones de salud.
Smart, de 82 años, está condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata por el juicio Circuito Camps en 2012. Además, está procesado en cuatro causas elevadas a juicio: las que investigan los crímenes cometidos en los centros clandestinos que funcionaron en las Brigadas de Investigaciones de Quilmes, Banfield, Lanús (con asiento en Avellaneda) y San Justo.
La recusación ya había sido rechazada por los camaristas Juan Carlos Gemignani y Ángela Ledesma, pero la defensa de Smart insistió y obtuvo idéntico resultado, pero por parte de los camaristas Diego Barroetaveña y Daniel Petrone.
