El autor del proyecto, Javier Bee Sellares, argumentó que «ante los recientes acontecimientos económico y financieros desencadenados, de público conocimiento, solicitamos al Poder Ejecutivo Provincial que utilice los instrumentos a su alcance y adopte las medidas específicas necesarias para proteger a los consumidores».

Aguas Cordobesas SA pidió un aumento de tarifas pero para la UCR el gobierno, a través del Ersep (Ente Regulador de los Servicios Públicos) debe evitarlo durante 180 días, a partir de octubre de este año.

Cabe señalar que a nivel nacional, en agosto pasado, a través del Decreto 566, se estableció un precio tope de naftas y gasoil en todas sus calidades, ya sea que sean comercializadas por las empresas refinadoras, los expendedores mayoristas o los minoristas, y en todos los canales de venta.

«Aumentos sustanciales en el precio del agua corriente pueden causar efectos perjudiciales para los diferentes sectores de la economía. Resulta indispensable preservar el abastecimiento actual de agua corriente y tener asegurados precios razonables de la misma, ya que con ella se satisfacen necesidades básicas de la población», explicó el legislador de la UCR.