¿Qué hicieron? Desobedecieron una orden judicial para que la obra social sindical asumiera «los gastos totales que demandase la provisión de medicamentos e insumos y su internación domiciliaria».

Ambos auditores corrían el riesgo de ser condenados a penas de prisión de cumplimiento efectivo, pero el juez federal Walter Venditti admitió la suspensión del juicio a prueba después del compromiso de los imputados a reparar a las víctimas con 250 mil pesos cada uno, más la obligación de hacer tareas comunitarias.

Además, sigue vigente la orden a la obra social para que se haga cargo de los gastos terapéuticos de la paciente.

La niña, representada por su madre, fue patrocinada por el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación (DGN), a través de los defensores públicos coadyuvantes Pablo Rovatti, Esteban Galli y Martín Ramírez, quienes apoyaron el pedido de suspensión del proceso a prueba realizado por los acusados, entendiendo que se trataba de una forma apropiada de resolver el conflicto evitando una pena de prisión.

Las tareas comunitarias consistirán en trabajos no remunerados en centros comunitarios con una carga de ocho horas mensuales hasta totalizar 96 horas, fuera de sus horarios habituales de trabajo.