“Los depósitos de las cárceles bonaerenses no tienen suficiente comida para alimentar a las personas detenidas, las licitaciones no se cumplen por falta de pago, el hambre crece y el correlato directo son las graves afectaciones a la salud”, denunció la entidad.

El reclamo fue canalizado a través del saliente ministro de Justicia provincial, Gustavo Ferrari, a quien se le solicitaron “medidas urgentes” que no dispuso previo al recambio de gobierno en territorio bonaerense.

En ese escenario, “el juzgado de ejecución de La Plata también intimó a las autoridades provinciales y penitenciarias a aprovisionar de alimentos las cárceles bajo la advertencia de sancionar económica y penalmente el incumplimiento de la resolución”.

“En casi todas las inspecciones se detectan problemas de este tipo en el stock de carne vacuna: mal refrigerada o contaminada. La carne provista es mala y poca, por ejemplo, el jefe de depósito de la UP 2 de Sierra Chica reconoció que, con el abastecimiento que reciben cada vez, sólo les alcanza para cocinar con carne una vez a la semana. En función de la mala calidad, los detenidos intentan reelaborar estas comidas que le llegan a los pabellones y celda, lavándolas y recocinándolas”, advirtió la CPM.

“Esas nuevas comidas llamadas ‘rancho’ y lo que proveen sus familiares configuran en esencia la alimentación de las personas detenidas. Pero esto nunca está asegurado debido a la escasez de recursos económicos y/o la imposibilidad de concurrir a las visitas por parte de las familias”.

Esta situación denunciada por la CPM, ha sido reconocida también por funcionarios de la Justicia. En un habeas corpus, la Defensoría General de Azul señaló que en una inspección a la UP 30 de Alvear constató una grave situación de desabastecimiento: “Hay faltante de carne, tampoco hay verdura o frutas, siendo los únicos alimentos en stock fideos para una única comida, polenta y arroz, aceite y salsa de tomate”, añadió la presentación.