El Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, le solicitó al Estado nacional que garantice la entrega gratis de aceite de cannabis y sus derivados a los inscriptos en el programa que investiga el uso medicinal de este producto, a la vez que reclamó que se amplíe el número de enfermedades para tratar previstas en esta iniciativa.

A través de un pedido formal al Ministerio de Salud de la Nación, el organismo planteó la necesidad de que se cumpla con la ley 27.350, que prevé el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados, en variedad de cepas suficientes para su rotación, para los voluntarios del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, luego de los reclamos de los usuarios por los problemas en la distribución.

Se trata, según afirmaron, de un reclamo que tiene que ver con las dificultades que viven las personas que utilizan este producto con fines medicinales ya que ante la falta de entrega oficial, deben comprar en el exterior, lo que implica un alto precio y trabas burocráticas. La alternativa a esto es el autocultivo, con todas las dificultades legales que implica o, como última instancia, el mercado informal.

“El Estado debe garantizar el derecho a la salud de las personas mediante la entrega de estos productos y se deben modificar las leyes para que se deje de criminalizar a los usuarios. Es necesario que las personas que usan aceite de cannabis puedan gozar de una mejor calidad de vida, algo que hoy se le está dificultando”, manifestó Lorenzino.

Asimismo, la Defensoría consideró que la ley fue reglamentada parcialmente, ya que actualmente acota la entrega de productos a los diagnosticados con epilepsia refractaria, por lo que sugirió una nueva resolución que amplíe el número de patologías contempladas para las cuales exista evidencia científica y en donde se hayan obtenido resultados positivos mediante el uso de este tratamiento.

“Al sumar más enfermedades que se puedan tratar con este método podemos dejar atrás la judicialización de los casos, teniendo en cuenta que es inadmisible soportar cualquier retroceso ante los notables avances en su calidad de vida y en la de su familia y que no existe razón alguna para extender o profundizar los padecimientos que presentan estos pacientes”, explicó el ombudsman bonaerense.