La entidad, cuya finalidad es “promover debates, investigaciones y la formación de especialistas en la materia, así como colaborar con proyectos tendientes a adecuar el funcionamiento del sistema de ejecución penal a los objetivos de la Constitución y garantizar la vigencia de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”, formuló una serie de recomendaciones para afrontar el problema.

Al Poder Ejecutivo le propuso la incorporación de “elementos de protección y distanciamiento social mínimo”, la conmutación de penas en delitos menores y una amnistía para casos de delitos leves.

Además, una “ley de cupo” para no superpoblar los penales y una “ley de uso racional de la preventiva”.

Al Poder Judicial, por su parte, le reclamó “limitar la exigencia de monitoreo electrónico” y convertir automáticamente a las salidas transitorias en arrestos domiciliarios hasta que finalice la pandemia, entre otras sugerencias.