Piden la elevación a juicio de una causa por lavado de activos en delitos de lesa humanidad

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la elevación a juicio de un expediente en el que se investiga la compra de terrenos en Chascomús por parte de un ex integrante de la denominada “banda de Aníbal Gordon” durante la dictadura con dinero del saqueo a los detenidos-desaparecidos. Por Cuarto Intermedio

El fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, postuló el juicio oral junto con la querella de la UIF por el dinero robado al uruguayo Alberto Cecilio Mechoso Méndez, miembro de la Federación Anarquista Uruguaya y secuestrado en el centro clandestino conocido como Automotores Orletti en setiembre de 1976.

Sus restos fueron identificados sólo en 2012.

El expediente tiene como imputados a cuatro familiares directos de uno de los miembros de la banda, acusados de transferir bienes intentando darles una pátina de legalidad a las operaciones.

Se investiga la transferencia, adquisición y administración de bienes inmuebles para aparentar un origen legítimo, por parte de hijos e hijas de Leonardo Save, uno de los integrantes de la banda de Gordon.

La UIF, a cargo de Carlos Cruz,  se presentó como parte querellante en esta causa, a la vez que retomó el impulso procesal en causas donde se analiza el lavado de activos en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

El fiscal Curi analizó distintas maniobras de compraventa de inmuebles realizadas a través de escrituras públicas, boletos de compra-venta a precios irrisorios y/o actos simulados con la participación de personas y con identidades falsas.

La prueba recabada a lo largo de la investigación estableció que la compra de las parcelas fue realizada en octubre de 1976 con parte del dinero sustraído de la vivienda de Mechoso Méndez.

La apropiación de bienes de detenidos-desaparecidos es considerada un delito de carácter imprescriptible.